Sant Sadurní no será BDS. Brindemos por ellos.

El día 31 de mayo de 2016 el pleno de Sant Sadurní en la provincia de Barcelona se allanó ante una moción de boicot al Estado de Israel propuesta por la CUP. Al allanarse, el Ayuntamiento  acepta ante el juez todos los argumentos de la demanda que pide la nulidad del acuerdo de boicot.
Esto sucedió después de que el equipo legal de ACOM (Acción y Comunicación para Oriente Medio) pusiese en marcha un proceso de impugnación por la vía judicial en Sant Sadurní y otras localidades de España con resultados similares. Ha sido muy importante el trabajo de los secretarios de los ayuntamientos para explicar con detalle los pormenores legales y el proceso llevado a cabo. Los puntos rojos que BDS ponía en el mapa se van borrando.

Las mociones de boicot BDS (Boicot desinversiones y Sanciones al Estado de Israel) han sido impugnadas por diversos motivos: Primero: que hay graves defectos de forma en la presentación de la moción en el pleno. Segundo: de acuerdo con el reglamento municipal, el pleno se adjudicó competencias que no tiene. Los ayuntamientos pueden hacer declaraciones institucionales pero si estas tienen implicaciones políticas se exceden en sus funciones. Y tercero: las mociones de boicot incluyen elementos claramente tipificados como delitos de discriminación penalmente sancionables.
En cuanto a las competencias, el pleno municipal no está facultado para las mociones de boicot. De acuerdo con la ley sólo el Gobierno del Estado tiene potestad para llevar a cabo este tipo de mociones. Por otra parte, el código penal establece claramente que se castigará con pena de prisión a quien o quienes “promuevan el odio o la discriminación contra personas por motivos raciales, antisemitismo, ideología, religión, etnia, creencias, nacionalidad, sexo u orientación sexual, enfermedad o discapacidad”.
Con muy buen criterio la declaración final del pleno considera, que además de adjudicarse competencias inexistentes, el boicot a productos y personas israelíes en el ámbito comercial o académico es discriminatorio. Además establece otro tipo de discriminación que afecta a la población local. Las mociones de boicot y la prohibición de tratar con entidades o personas israelíes implicarían tener que cuestionar a los comerciantes o entidades locales acerca de su ideología y opinión sobre los palestinos e Israel y esto en sí mismo es discriminatorio y limita la libertad de pensamiento de los propios habitantes de Sant Sadurní.
A continuación se transcribe la traducción de parte de los audios del pleno que recogen la reacción de la CUP ante la decisión de “allanarse” o detener la moción de boicot. En la transcripción no aparecen los tartamudeos ni las muletillas del discurso.

También queremos dejar claro: quién es esta gente que se dedica a denunciar a los ayuntamiento que aprueban estas mociones, esta gente de Acción y Comunicación por el Oriente Medio es una de estas entidades satélites que desde el Ministerio de Propaganda, desde el Departamento de Propaganda del Estado de Israel se financia hasta con 26 millones de euros presupuestados para que estas entidades tengan recursos económicos para mantener contenciosos contra, para dificultar o interceder o para poner palos a las ruedas a las personas o entidades que deseen solidarizarse o tener un papel activo en la defensa de los derechos humanos o los derechos de los palestinos. Se decía, se cuestionaba…”
“Constatar la vergüenza de la decisión que se está a punto de tomar en este plenario que tendrá unas consecuencias jurídicas. Y que se hable de consecuencias jurídicas cuando estamos hablando de muertos, estamos hablando de torturas, de menores presos y aquí lo que les preocupa son las consecuencias jurídicas. Está bien para saber con qué tipo de políticos nos estamos sentando a la mesa y por otro lado, cuestionar la soberanía de este pleno cuando una entidad de fanáticos sionistas como ACOM nos demanda y hemos de correr para dar marcha atrás y pedir perdón. Sinceramente a nosotros los de la CUP, lo que acaba de pasar hoy aquí nos da vergüenza…”

Después de haber escuchado que estaban incurriendo en discriminación los miembros de la CUP-BDS insisten en hacer propaganda judeófoba y señalar a ACOM como entidad satélite financiada por un ministerio de propaganda cuyo presupuesto además dicen conocer. La soberanía del pleno no la cuestiona el denunciante, es el propio reglamento municipal el que establece hasta dónde llega la misma. El pleno municipal tiene unas funciones claramente determinadas y la discriminación no es una de ellas. Ya se sabe que a la CUP incurrir en ilegalidades no es algo que le preocupe en absoluto y una vez más demuestran con su discurso que entienden poco o nada de política internacional, que están anclados a los más rancios estereotipos y que son capaces de inventarse cualquier cosa y de recurrir al chantaje moral para justificarlos.
Afortunadamente tienen competencias para odiar, pero solo en su casa porque la ley no les da la razón. Así que los israelíes pueden seguir brindando con cava catalán.
¡Lehaim!

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