Desmitificación del proceso legal contra los boicoteadores de Israel.

Recientemente Radio Sefarad entrevistó a don Ignacio Wenley Palacios, abogado que ha conducido gran parte de los procesos legales contra BDS en los ayuntamientos españoles.
El abogado expone de manera clara y breve los principios básicos de la lucha contra el boicot a Israel en España. Aquí tienen el enlace de Radio Sefarad  para que lo escuche quien tenga unos minutos para enterarse con detalle y sin romanticismos en qué consiste el boicot y por qué es desmontable con la ley en la mano.

Lo que llama poderosamente la atención del trabajo hecho y los objetivos conseguidos es la desmitificación del sujeto a defender. Quienes somos o hemos sido parte de comunidades judías a menudo percibimos al Estado de Israel, sus habitantes y los judíos relacionados con el mismo (yo incluida) como objeto de ataque y discriminación.
Esto evidentemente tiene un sostén en la realidad. Tanto en España como en Estados Unidos, Latinoamérica y países como Francia o Reino Unido es conocida la existencia de grupos apoyados y financiados por teocracias islamistas y ONGs varias que hacen a sabiendas o por simple supuesta ideología de izquierda radical, propaganda antisraelí. Ahora no entraré a discutir la vertiente judeófoba de la propaganda antiisraelí que da para unos cuantos artículos.

El caso es que a nuestros ojos y aparentemente a los ojos de más de uno y más de dos magistrados y con la ley en la mano el boicot que promueve BDS es una discriminación. Pero lo importante de esta entrevista es que no se habla  de si la señora Stern, el dueño de Soda Stream o yo nos sentimos ofendidos sino de la perspectiva legal.  Si bien el judío y sionista no son los únicos colectivos con largas historias de discriminación las sensaciones de rechazo y amenaza forman parte del sistema de alarma con el que algunos desafortunadamente crecemos por simple instinto de conservación. Este último, dada la  supervivencia de lo judío y la existencia del Estado judío, se rodean de un cierto misticismo.

Lo que hace don Ignacio Wenley en su estrategia legal es sacarnos de encima el mito e igualar la discriminación de BDS a la que pueda sufrir cualquier otro colectivo, sus productos comerciales o intelectuales por el simple hecho de provenir de donde provienen. Y más aún, él incluye en el boicot los derechos de los propios ciudadanos susceptibles de hacer negocios o relacionarse con el país boicoteado.

Este es un asunto de Derechos Humanos. Explica que cada uno en su casa es libre de elegir e incluso de boicotear a quien le parezca, porque es una cuestión privada. Sin embargo, cuando el boicot proviene de una administración pública obligada a proteger a todos los ciudadanos, esto entra en el terreno de las acciones concretas. Un boicot que exige acciones trasciende el simple acto político. Para que una administración o institución pública haga un boicot ha de controlar a sus ciudadanos, hacerles preguntas y pedirles que no tengan relaciones comerciales o intelectuales con determinadas personas. Esto claramente es violatorio de los derechos de los ciudadanos como lo es el boicot de productos o personas por su procedencia o ideología.

Da igual si hablamos del Estado de Israel o de Vanuatu. No se puede someter a una empresa a un interrogatorio del tipo “¿qué opina usted sobre el conflicto árabe-Israelí?” para elegirla o boicotearla como se pretendía hacer con Matisyahu en el festival Rototom. Esto es un “auto de fe” y de eso aquí supuestamente ya no tenemos.

¿Y por qué hablo de desmitificar? Los sionistas pueden percibir esto como una estrategia para favorecer a Israel pero no es así. Yo agradezco al señor Wenley que hable de Derechos Humanos en general y que abra esta ventana. Al menos entiendo que si hoy se dejasen pasar casos de discriminación antiisraelí (que se hace) mañana podría presentarse algún iluminado que quisiera boicotear todo aquello proveniente de antiguas colonias españolas en América, de Quebec o de Suiza por decir algo y que hubiese que cuestionar a los ciudadanos qué opinan de la conquista de América, de la francofonía de Quebec o de los bancos suizos para hacer o dejar de hacer algún negocio o trato de cualquier tipo con la administración. Esto supondría una violación de los  los derechos del ciudadano igual que preguntarle su opinión sobre el conflicto árabe-israelí para incluirlo o excluirlo de algo. Ni más ni menos.

Que yo sepa, hay sentencias firmes que anulan el boicot en Avilés, Langreo, Sant Sadurní, Buñol, Tavernes y Campezo. Se han conseguido suspensiones cautelares por orden judicial en Vélez –Málaga, Santa Eulalia del Río, Langreo, Rivas Vaciamadrid, Sant Adrià del Besòs, Barberà del Vallès, Sant Quirze y Olesa de Montserrat.

Y ahora voy a otro punto que merece desmitificarse. El entrevistador habló de trabajo voluntario contra el boicot. El abogado aclara que su trabajo no es voluntario. Menos mal. No considero que conseguir semejantes resultados en menos de un año pueda ni deba ser un trabajo voluntario. Supongo que cualquier abogado que se precie, si se ocupa de tantos casos como acabo de enumerar, poco tiempo tendrá para dedicar a otros asuntos y a menos que haya nacido en sábanas de seda o tenga un mecenas, tendrá que trabajar para llenar la nevera, pagar la hipoteca o el seguro del coche, como todo hijo de vecino por muy solidario que sea.

La discriminación de cualquier colectivo es un asunto suficientemente serio como para pretender que nadie lo haga gratis “porque yo lo valgo”, máxime si alguien tiene que pasar noches sin dormir, recorrer España, cumplir plazos, escribir argumentos y ganar juicios contra un enemigo nada desdeñable. Estamos hablando de ir contra una organización que está financiada para boicotear un Estado y a sus ciudadanos, desde la Autoridad Palestina que a su vez está financiada por fondos de la Unión Europea, ONGs que encuentran los entresijos de la legalidad para transferir dinero, fundaciones privadas y organizaciones religiosas incluidas algunas que abrazan ideologías antisemitas.

La cultura, el ejemplo y la capacidad de supervivencia del Estado de Israel son encomiables, no me cabe  duda, pero sus boicoteadores están muy bien financiados y tienen tiempo para minar, tanto como puedan la economía israelí y expandir sus efectos propagandísticos y discriminadores tan lejos como se les permita. Hay que poder competir en igualdad de condiciones. Afortunados los discriminados que han sabido dar con quien conoce la legalidad vigente aquí y fuera de aquí y que se gana la vida recordando a algunas administraciones que mañana el boicoteado puede ser otro.

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