La Universidad Ariel gana la batalla legal al BDS en España

En 2008 la Universidad Ariel (Israel) fue seleccionada entre otras 20 como finalista para un concurso internacional de construcción sostenible con uso de energía solar. Sin embargo, el movimiento extremista de Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel (BDS) ejerció sus habituales campañas de intimidación y coacciones; en esa ocasión sobre el Ministerio de Vivienda del Gobierno español, presidido por J.L.Rodríguez Zapatero y sobre la Universidad Politécnica de Madrid. En 2009, el Gobierno, presionado por el BDS por recomendación e instrucciones del Ministerio de Asuntos Exteriores dirigido por M. A. Moratinos, comunicó al centro universitario israelí su exclusión de la competición.
Se justificó la expulsión alegando que el hecho de que Ariel tuviese su sede en Samaria obligaba por normativa europea a evitar cualquier cooperación tecnológica o académica con el centro universitario. Esto por supuesto, como lo prueban los hechos, es una absoluta mentira. Por otra parte, de acuerdo al Derecho Internacional, esta región no pertenece a ningún Estado. Jordania renunció a ella y su estatus definitivo se encuentra a la espera de resolverse.
Para “compensar” al equipo expulsado el gobierno español decidió reintegrar a la Universidad israelí la inversión en el coste del proyecto, lo cual evidentemente no reparaba el duro agravio producido. La prestigiosa Universidad, que tiene importantes acuerdos con decenas de centros en todo el mundo y es miembro de la Asociación Internacional de Universidades, no se arredró ante tamaña injusticia e inició el camino para reivindicar que sus derechos habían sido conculcados y que se había actuado en contra del ordenamiento jurídico. Marc Zell, abogado que lucha contra los grupos BDS desde Jerusalén y el prestigioso despacho Cremades & Calvo Sotelo en España continuaron con la defensa de la causa y demostraron claramente las presiones ejercidas por el BDS sobre el Ministerio de Vivienda y la Universidad Politécnica de Madrid así como la ilegalidad y perjuicios ocasionados por la arbitraria medida empleada contra la Universidad de Ariel.
Después de una prolongada travesía jurídica, el Consejo de Estado sentó un trascendental precedente: determinó que el Gobierno de España debía indemnizar con 100 000 euros a Ariel y dejar plena constancia de que no hay ninguna ley española ni europea que justifique su expulsión y que, además, su exclusión del concurso público conculca el artículo 14 de la Constitución Española y viola el derecho a la igualdad.

El reconocimiento del Consejo de Estado, hecho ahora oficial, de que la expulsión de una Universidad israelí es un hecho discriminatorio y la determinación de la ilegalidad de los argumentos del movimiento antisemita BDS, deben servir como severa advertencia para que nuestras Instituciones no cedan ante las presiones de un grupo extremista, que ha demostrado con creces que sus fines y acciones son perversos, innobles, siniestros e infames.

http://a-com.es/2016/01/05/golpe-legal-al-bds/